Otro test que Ibarretxe no ha superado y por ello le ha calificado como miserable es el del sumario 18/98. El sumario que el felón juez Garzón utiliza desde hace tres años como herramienta espuria para perseguir a la Izquierda Abertzale. Para ir tejiendo y realizando el POGROMO contra la Izquierda Abertzale. Tenemos dedicada una sección de la web de la RED VASCA ROJA a ese sumario y sus tropelías.
Se producen tantas noticias al respecto que vamos atrasados en incorporarlas. Pero hay allí las suficientes para comprobar que un buen número de las barbaridades antijurídicas de Garzón han sido perpetradas durante el anterior mandato de Ibarretxe como Lehendakari. SIN QUE ÉL HAYA COMPARECIDO NUNCA ANTE LOS VASCOS DE LAS TRES PROVINCIAS QUE GOBERNABA PARA PROTESTAR DE ESAS BARBARIDADES, PARA DENUNCIAR ESOS FEROCES ATAQUES A LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES DE CIUDADANOS VASCOS. Para solidarizarse con las víctimas de esos flagrantemente viciosos ataques.
Hasta la notoria coronela de la "Brunete mediática" Isabel San Sebastián se lamentaba de las torpezas y chapuzas jurídicas del juez Garzón el pasado día 2 de junio en su sección semanal de EL MUNDO llamada LA TRASTIENDA. Escribe la coronela que: "Andan estos días sin ir más lejos los fiscales de la Audiencia devanándose la sesera por ver si encuentran algún argumento jurídico con que apoyar la ilegalización de Haika decretada por Su Señoría el pasado 10 de mayo, a tres días de las elecciones celebradas en el País Vasco, porque, según dicen los expertos, el auto en cuestión no es más que un convincente y convencido alegato político, carente de la más mínima fundamentación legal. Lo cual, considerando que el entramado terrorista que rodea a ETA cuenta con los mejores abogados disponibles ahora en el mercado, constituye ni más ni menos que un suicidio judicial y también político a medio plazo."
Añade más tarde que "Lo malo es que nuestro Código Penal no prevé que una institución u organización de cualquier tipo pueda ser «ilícita». O sea, que Garzón se está arrogando unas facultades que no son suyas, sino del legislador, en una estrategia que sólo beneficia a su desmedido afán de protagonismo, pero que en el terreno de la lucha contra el terrorismo tiene un recorrido muy corto.
Como ya ocurriera con las órdenes de prisión dictadas contra varios integrantes del llamado aparato internacional de la banda, que días más tarde se convirtieron en agua de borrajas o a lo sumo en fianzas ridículas tras pronunciarse la sección IV de la Sala de lo Penal de la Audiencia, también en este caso existe un riesgo más que cierto de que la organización juvenil que provee a ETA de nueva mano de obra recobre más pronto que tarde todos sus derechos. Y la derrota que sufriremos los demócratas será doble, porque en ese siniestro mundo se planteará este hecho como una prueba más de la inexistencia en España de un Estado de Derecho que cumpla con todas las garantías exigibles."
¿No está usted precisamente confesando, doña Isabel, que efectivamente España es un Estado SIN Derecho? ¿No lo ha demostrado así otra vez estos días el escándalo de la excarcelación de Barrionuevo y Vera que ha convertido en nada la condena que les correspondió por haber realizado terrorismo de Estado cuando eran Ministro y Secretario de Estado del Gobierno de España?
Uno de los textos que tenemos pendiente colocar en esa sección de la RED VASCA ROJA sobre el sumario 18/98 es un artículo dedicado al mismo que el jurista Angel Gaminde Montoya ha publicado en Deia el pasado día 1 de junio titulado Círculos concéntricos judiciales. Citaré aquí sólo unos significativos párrafos (las negritas son mías).
Escribe Gaminde que "He dado atenta lectura a prácticamente todas las resoluciones que se están dictando en el Sumario 18/98, de Instrucción Central nº 5, y la sensación que me han producido es que quien las ha dictado no se ha preocupado del derecho; debería seguramente avergonzarse del escaso bagaje constitucionalista que las mismas transpiran; ha dedicado poquísimo tiempo a la ponderación de los intereses en juego; ha hecho una abstracción excesiva, que le ha llevado al olvido de principios sagrados de la Constitución, como son el derecho a la libertad, por encima de la prisión, a la presunción de inocencia, a la valoración indiciaria de la prueba. Todo en aras de la eficacia, con fundamento en su propia convicción moral, que es buena para ir al Cielo, quizás, pero muy mala cuando se trata de ser justo en la Tierra. Y si creemos en esta afirmación, remito a nuestros lectores «ad exemplum» el Auto de la Sección nº 4 de la AN, en el caso EKIN"
Antes de ese "repaso" Gaminde habla de "ciertas resoluciones judiciales, que en progresivos círculos concéntricos van tragando a todo el mundo de la izquierda, so pretexto de coincidencia en fines, rifas, txosnas, sistemas de comunicación, medios de captación ideológica. Todo lo que hoy pueda tener relación indirecta, incluso lejana, con el pensamiento independentista puede y de hecho va a ser no sólo ilegalizado, sino encarcelado a medio de cierta atribución, que al juez le confiere, no la Ley, sino su laxa interpretación, bajo la atenta y connivente mirada de todos cuantos han hecho de su falta de capacidad autocrítica, bandera de aburguesamiento y connivencia con el poder."
Angel Gaminde es uno del medio millar de personas vinculadas fundamentalmente al mundo del derecho y la universidad y representativas de otros sectores sociales que avalaron con su firma un manifiesto "Por los Derechos Humanos y las Libertades Civiles", que fue presentado públicamente el pasado 18 de mayo después de haber sido remitido a diversas instancias internacionales junto a un dossier que describe y analiza las actuaciones judiciales contra Mikel Zuluaga, AEK, la Fundación Joxemi Zumalabe y la editorial Zabaltzen llevadas a cabo por el juez Garzón.
El documento recoge que el Gobierno español, "con la colaboración de una parte de la judicatura, esencialmente encuadrada en la Audiencia Nacional, está conculcando los derechos fundamentales de aquella parte de la ciudadanía vasca que discrepa del marco constitucional español y propugna su modificación". Y considera "inadmisible" la persecución penal de las ideas legítimas, "especialmente las propias del nacionalismo vasco"; la conculcación de derechos fundamentales como los de expresión o asociación "cuando su ejercicio diverge de una concepción monolítica del Estado español" y la criminalización de prácticas políticas como la desobediencia civil.
El 31 de mayo pasado uno de los firmantes del manifiesto comunicaba a Deia desde Bruselas que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, se había mostrado interesada en la denuncia.
"Mary Robinson nos ha respondido que mantendrá una entrevista con nosotros para analizar el tema. Estamos contentos porque nos ha contestado una persona que tiene mucho peso específico", contaba a Deia el escritor euskaldun y miembro del colectivo, Andolin Eguskitza.
¿Necesito decir que entre el medio millar de firmantes, entre los que sí figura Carlos Garaikoetxea, no figura el miserable Ibarretxe?
¿Necesito decir que ese miserable no se ha referido al tema ni por asomo en ninguna de sus múltiples apariciones, declaraciones y recitados públicos de jaculatorias y que tampoco lo ha hecho ninguno de sus ayudantes y portavoces?
¿Necesito decir que ese comportamiento es, además de miserable, suicida porque la NO denuncia actual del creciente y desvergonzado desenmascaramiento del Estado español como Estado SIN Derecho hará más difícil para Ibarretxe y el PNV denunciarlo cuando las sevicias y conductas antijurídicas de ese Estado se ejerzan sobre ellos?
Exactamente igual que este test del Sumario 18/98 podría haber reseñado aquí el test de la defensa de los derechos de los prisioneros políticos vascos.
Ibarretxe, que tanto proclama la necesidad del respeto a la voluntad de los vascos, ha ignorado la voluntad manifestada en el Parlamento de Gasteiz en el sentido de la reivindicación de aquellos derechos.
Pero voy a dar por entendido este doloroso asunto para fijarme en otro muy concreto test que tampoco aprueba Ibarretxe.